Sin lugar a dudas uno de los defectos que con mayor prisa debemos superar es la improvisación. Hace ya varios años –me arriesgo a afirmar que desde 1992- que se está buscando un valor escaso entre nosotros: la continuidad en las políticas públicas. Dicho de otro modo: no es razonable cambiar los instrumentos orientadores por repentina iluminación. Es erróneo pretender “pasar a la historia” con la dación de alguna norma, creyendo que el solo hecho de aprobarla garantiza su perdurabilidad.
No se está proponiendo que las normas o las políticas sean inmutables sino que cumplan con algunos requisitos muy claros: (a) que sean el resultado de una elaboración prolija con la mayor participación posible, (b) que se proponga un horizonte temporal razonable como para que arroje resultados; (c) que se evalúe en tiempos señalados y sea susceptible de ajustes, hasta su renovación prevista.
Cuando la elaboración del Proyecto Educativo Nacional - PEN se convirtió en una tarea respetada y su aprobación nos enrumbó al periodo 2006-2021, se iniciaba el reto de alcanzar algo inédito: tener propósitos comunes a lo largo de tres regímenes sucesivos. Afirmar que lo fue plenamente sería exagerado, pero el “principio de la continuidad” fue ganando terreno. Por ello estamos en la segunda versión del PEN: hacia el 2036. Sin embargo, la durísima pandemia ha afectado sensiblemente el cumplimiento normal de lo que el PEN pretende: formar ciudadanos plenos.
Por todo lo anterior, ante el anuncio de posibles modificaciones en el currículo nacional vigente, sería conveniente recordar que no es recomendable cambiar de embarcación cuando la tormenta no ha terminado.
