Un nuevo capítulo se abrió esta semana en el extenso pleito jurídico entre el municipio de Bello —al norte del Valle de Aburrá— y Empresas Públicas de Medellín por cuenta de la plusvalía (impuesto al incremento en los precios de la tierra por actuaciones de ordenamiento territorial) al predio donde se construyó la PTAR Aguas Claras.
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En las últimas horas se conoció que la alcaldía municipal le envió a EPM un acto administrativo mediante el cual le solicitó el pago de la participación en plusvalía del lote donde está ubicada la Planta, según las resoluciones 2717 de 2019 y 531 de 2010.
"La pretensión es obtener la liquidación oficial de la plusvalía a un valor actual que, aplicado al ajuste correspondiente a los índices del precio al consumidor (IPC), según datos del DANE, se aproxima a los 166.800 millones de pesos", explicó el alcalde Luis Giovanny Arias.
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Para la alcaldía de Bello, las resoluciones que determinaron la plusvalía de los tres predios de 46.806 hectáreas donde EPM construyó la planta en la última década están conformes a la legalidad según una sentencia de segunda instancia que profirió el Consejo de Estado el 26 de mayo de 2022.
La PTAR Aguas Claras está ubicada en Bello, al norte del Valle de Aburrá.
Jaiver Nieto / EL TIEMPO
El complejo pleito judicial por plusvalía de Aguas Claras
El fallo citado por la administración municipal es una de las tres decisiones judiciales que han tomado los organismos de justicia en los últimos años en relación a la plusvalía del lote Aguas Claras. Una de las sentencias le es favorable a los argumentos de EPM, mientras que la otra lo es a Bello.
El origen del pleito se remonta al 29 diciembre de 2009 cuando la secretaría de Hacienda de ese municipio liquidó la plusvalía de los predios de EPM ante un cambio en el uso del suelo, según una resolución del 14 de diciembre de ese mismo año por parte de la secretaría de Planeación.
Para ese momento, la empresa pagó 89.527’412.785 pesos por el impuesto al municipio, aunque al mismo tiempo el 26 de febrero de 2010 interpuso un recurso de reconsideración ante la administración municipal.
Para EPM, el recurso nunca fue replicado y en marzo de 2011 envió un derecho de petición para solicitar que se declarase el silencio administrativo por falta de una respuesta. Pero el municipio de Bello contestó, dos semanas más tarde y a través de un fax, que la reconsideración había sido declarada improcedente mediante un auto del 18 de agosto de 2010, documento EPM alegó nunca haber recibido.
El objetivo de la Planta es evitar que aguas negras lleguen al río Medellín.
Jaiver Nieto / EL TIEMPO
En junio de 2011, EPM presentó una acción de cumplimiento ante un juzgado administrativo del circuito de Medellín con el fin de declarar el silencio administrativo, pero pretensión fue denegada y el Tribunal Administrativo de Antioquia la confirmó en segunda instancia en agosto de ese mismo año.
Pero al mismo tiempo, el 28 de julio de 2011, la discusión se trasladó nuevamente al Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de una acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra la resolución de la secretaría de Hacienda.
En una sentencia de la Sala Cuarta de Decisión se declaró el silencio administrativo y se señaló que EPM no estaba obligada a pagar alguna suma por la resolución. Tanto Bello como la Procuraduría apelaron la decisión que llegó a la sección cuarta del Consejo de Estado, pero ese tribunal confirmó la sentencia de primera instancia el 3 de septiembre de 2020 y obligó al municipio a regresar la suma con actualización hasta la ejecutoria.
EPM dio a principios de este año que solicitó al municipio de Bello pagar las obligaciones derivadas del fallo en retiradas ocasiones sin lograr un acuerdo.
Por esta razón, la empresa inició un trámite de cobro activo por 131.733 millones de pesos.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Aguas Claras, de Bello (Antioquia).
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Sin embargo, otro proceso relacionado con el caso también estuvo en marcha. En otra acción de nulidad y restablecimiento de derecho, EPM pidió al Tribunal Administrativo de Antioquia que se declarara nula la resolución de la secretaría de Planeación que liquidó el efecto de plusvalía, es decir, el acto administrativo con el que hoy se ampara la alcaldía de Bello para hacer el cobro.
En un primero momento, el Tribunal aceptó las pretensiones de EPM al argumentar que la resolución carecía de soporte legal, pero el Consejo de Estado señaló —en la sentencia del 26 de mayo de 2022— que la determinación del Tribunal resultó de una confusión entre dos procedimientos.
Amparado en ese fallo y considerando que un cobro activo por parte de EPM lo desconocería, la administración municipal adelantó la nueva solicitud ante la empresa para que esta responsa por la plusvalía. Según confirmaron, la empresa puede interponer un recursos de reposición al acto administrativo.
MEDELLÍN
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