En la recta final de la campaña –la cita a las urnas es exactamente en un mes- el presidente Gustavo Petro puso en duda la legitimidad del proceso. “Han sido golpeadas las alternativas políticas en las elecciones locales”, dijo en la mañana de este viernes.
La tesis del presidente es la consecuencia de las recientes decisiones del Consejo Nacional Electoral, CNE, la máxima representación de la organización electoral. Un tribunal que siempre ha estado en la lupa porque muchos consideran que su origen partidista provoca un manto de duda a la hora de tomar las decisiones.
“Lo que ha sucedido en el Valle, en Santander, en Santa Marta, es devolver descaradamente la política local a las capas tradicionales de la política colombiana pasándose por la faja la voluntad libre del pueblo”, dijo el presidente Petro.
En consecuencia, pidió “citar de inmediato la máxima instancia de garantías electorales”.
En este caso, sin embargo, los analistas consideran que el jefe del Estado mezcla peras con manzanas. Porque si bien, puede reclamar la participación de aspirantes afines a su ideario político en el ambiente, es inevitable, gravita la sensación de podría estar participando en político.
Los opositores, por su parte, dicen que el CNE tiene sobradas razones para anular la candidatura de Patricia Caicedo, aspirante a la alcaldía de Santa Marta por el partido de izquierda Fuerza Ciudadana. No tiene presentación que ella busque este cargo porque el gobernador del departamento del Magdalena es su hermano Carlos Caicedo, quien ejerce de ordenador de gasto precisamente mientras ella tendría que adelantar la campaña.
Ya el presidente Petro había expresado también su malestar por excluir de las justas a quien compitiera con él en la segunda vuelta. “Debo expresar mi desacuerdo con lo que está aconteciendo en el CNE”, señaló el jefe de Estado. “Con el caso de Rodolfo Hernández, mi rival en la presidencial, se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la CIDH que es de obligatorio cumplimiento”.
De ahí, que la Liga de Gobernantes Anticorrupción, partido político del excandidato presidencial, insistirá en buscar la Gobernación de Santander. “Vamos a dar la pelea porque están violando los derechos políticos de un ciudadano que solo quiere prestar un servicio público”, dice Camilo Larios, director nacional del partido.
En la misma línea está Tulio Gómez, aspirante a la gobernación del Valle, quien ha dicho que continuará en la campaña.
Pero la discusión puede tener un eco mayor si Samuel Santander Lopesierra, ‘El Hombre Marlboro’, quien purgó una condena por narcotráfico en Estados Unidos de 18 años, también se suma a este grupo de Gómez, Hernández y Caicedo, y utiliza a su favor la tesis del presidente.
Evidentemente ya el país entraría en otra discusión que generaría aún más ruido judicial que político. Máxime cuando este personaje está vinculado al caso de Nicolás Petro por supuestamente haberle entregado enormes cantidades de dinero en efectivo.
Pese a la tormenta, hay voces que interpretan la validez de los argumentos del presidente Petro. “Las declaraciones del presidente Gustavo Petro siempre desatan impactos políticos, especialmente por el ciclo electoral territorial”, dice Jairo Libreros, analista y docente de la Universidad Externado.
“Pero en este caso el tema no son sus afinidades o eventuales apoyos a los candidatos inhabilitados en el Valle del Cauca, Santander o Santa Marta. El tema de fondo es su coherencia política y discursiva frente al cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que solo una autoridad jurisdiccional, en este caso un juez penal, es la única instancia legal competente restringir los derechos electorales de quienes se presenten como candidatos a las elecciones en Colombia”, argumenta el experto.
También el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, mostró su respaldo: “Con Gustavo Petro no coincido en muchos temas, pero en este tiene razón. El CNE rompió el Estado de Derecho: violó el principio de igualdad, disposiciones de la CIDH y todas las garantías en materia electoral. Con la decisión tomada en el Valle, una autoridad administrativa facilitó la permanencia en el poder de clanes que tienen temor a la competencia. ¡No es más que extralimitación de funciones y una persecución política sin precedentes! Se necesitan medidas cautelares para personas como Tulio Gómez”.
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