Peru
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La carta, quizá la última, de Pedro Castillo para mantenerse en el gobierno

Abrumado por las denuncias periodísticas -casi a diario- en contra de integrantes de su gabinete ministerial por presuntos actos de corrupción, y en particular de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, al señalarlo como integrante de una organización criminal al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a Pedro Castillo no se le ocurrió mejor idea que denunciar intentona golpista en su contra, llamando en las redes sociales “a la comunidad internacional y al pueblo peruano para activar la Carta Democrática Interamericana y permanecer atentos contra cualquier intento desestabilizador”. Días después cumplió su cometido, suscribiendo con la Organización de los Estados Americanos (OEA) un Acuerdo de Cooperación para la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, afirmando que "La corrupción carcome las bases del estado, desalienta la inversión, y, sobre todo, indigna con justa razón a la ciudadanía". Irónico comentario, pues luego de setenta y dos horas, y en pleno debate ante el Parlamento en la moción de censura al entonces titular del MTC, Juan Silva, el Presidente anunció que le aceptó la renuncia al cargo.

De acuerdo a la Nota de Prensa de la Representación Permanente en la OEA (https://www.peruoea.org/peru-y-la-oea-suscriben-acuerdo-para-la-lucha-contra-la-corrupcion/), el objetivo de dicho acuerdo es “…., establecer los mecanismos de cooperación y asistencia técnica adecuados para fortalecer las capacidades de las instituciones responsables en el país de la prevención y el combate a la corrupción, así como contra la impunidad por dichos actos”. A todo esto, ¿Qué dice exactamente la invocada Carta Democrática?. Aprobada en 11 de septiembre de 2001, entre sus principales artículos refiere: Artículo 17) Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática; Artículo 26) La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros, tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la sociedad civil que trabajen en esos ámbitos; y Artículo 27) Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social.

Está claro que para la OEA (ni algún otro organismo internacional) no existe intentona golpista en contra de este lábil gobierno.

Paralelamente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso recomendó denunciar constitucionalmente al mandatario por la presunta comisión del delito de traición a la patria e infracción constitucional; ello a raíz de sus encendidas declaraciones de entregar soberanía marítima a Bolivia. Corresponderá oportunamente a la Comisión Permanente aprobar la acusación, y -de ser así- pasaría al Pleno del Parlamento.

Asimismo, este martes será la presentación del gabinete Torres en el hemiciclo para la obtención del voto de investidura. Este mismo día, un grupo de cincuenta legisladores han presentado una nueva moción de vacancia en contra del inquilino de Palacio de Gobierno.

Como va (y viene) la actual coyuntura política sigue siendo incierto el resultado en el Congreso. Así el Ejecutivo obtenga un resultado favorable, no será por la gestión de Pedro Castillo, pues el desgaste es evidente, no solo ante la opinión pública (más de 70% de rechazo a su desgobierno), o medios de comunicación, sino además ante sus adláteres que aún le rinden pleitesía, haciendo que incurra en más y más errores, cada vez menos explicables y defendibles.

Con todo esto en contra, el profesor seguirá jugando a las cartas. Ante la OEA probablemente haya sido la última que le permita conservar el poder.