Libre. El Tribunal Constitucional emitió su veredicto sobre el indulto que en 2017 había anulado. Según cuatro de los siete jueces, el indulto había sido acordado en concordancia con la ley y declaró fundado el habeas corpus, presentada por el abogado Gregorio Parco Alarcón en noviembre de 2020, a través de una "representación oficiosa", vale decir que no es de la defensa del expresidente.
La decisión del Tribunal Constittucional se produce cuando el expresidente se encontraba purgando prisión luego de ser condenado a 25 años de cárcel en 2009 por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en el penal de Barbadillo, localizado en el interior de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía Nacional del Perú, en el distrito de Ate, en Lima.
Fue el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Augusto Ferrero, quien se encargó de inclinar la balanza a favor de la libertad de Alberto Fujimori, quien gobernó el Perú entre el 28 de julio de 1990 y el 21 de noviembre de 2001.
De esta forma quedó anulada la decisión de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, de octubre de 2018. Una resolución que dejó sin efecto el indulto que el 24 de diciembre de 2017 le había otorgado el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori.
Poco después de conocerse la decisión del Tribun al Constitucional, el presidente del Consejo de Ministros, Anibal Torres, lanzó una dura crítica al órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad en el Perú. "Lamentablemente, el Tribunal Constitucional se convierte en el adalid de la impunidad de los grandes delincuentes (...) Siempre me he pronunciado porque este organismo en el Perú debe desaparecer", expresó en una entrevista a radio Exitosa.
Por su parte, el presidente Pedro Castillo, a través de su cuenta en Twitter, hizo saber que depositaba sus esperanzas en la justicia internacional y el Estado de derecho. "Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo", dijo Pedro Castillo.
La sentencia del Tribunal Constitucional es "contraria a los derechos fundamentales de las víctimas y los principios de la justicia y del derecho internacional", hizo saber por su parte Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.
Alberto Fujimori, de 83 años, había regresado a su celda de prisión luego de pasar más de una semana en una clínica privada, lugar en el que sus familiares dijeron que recibía tratamiento por afecciones cardiacas y fibrosis pulmonar, una enfermedad incurable.
