La etimología escudriña las caballerizas italianas del siglo XIII para descubrir el término “raza” referido a los cruces de garañones y yeguas. De ascendencia escandinava, pasó luego al francés y a otras lenguas. Los primeros diccionarios en español consignan tal significado, que adquiere un tono despectivo al referirse a personas. Con el tiempo utilizan “raza” los botánicos hasta que la descartan porque carece de base científica.
En el siglo XIX, el conde Gobineau compone un tratado sobre la desigualdad de las razas humanas, donde postula la superioridad de los arios sobre amarillos, indios o negros. La palabreja inicia entonces un recorrido siniestro, que les sirve a los esclavistas estadounidenses y más tarde a los nacionalsocialistas germanos.
Adolf Hitler convierte la raza en la clave de su ideología totalitaria. La tétrica argucia de clasificar a los seres humanos por el color de su piel para eliminarlos, le sirvió de pretexto para consolidar su dictadura y provocar una monstruosa política de exterminio. Hitler pudo implantar un régimen desconocido hasta entonces, como lo examina con rigor Hanna Arendt en Los orígenes del totalitarismo.
Manipulado al extremo para explicar la crisis alemana, el falso concepto consolidó en el poder a Hitler, permitiéndole, desde su autoridad absoluta, destruir las instituciones y someter a la sociedad. La notable pensadora señala que el nazismo destruye al hombre ciudadano denigrándolo a hombre masa, sometido a la voluntad arbitraria del poderoso, quien anula su autonomía moral.
Según Arendt, el único otro régimen totalitario, con las mismas consecuencias de dominio absoluto, lo construyó Stalin en la Unión Soviética, ya no basado en la raza, sino en la clase, en el proletariado revolucionario, cuya versión suprema la encarna el jefe del partido.
PROYECTO ABSURDO
En el Perú, las migraciones del campo a la ciudad a mediados del siglo pasado, provocaron la creciente inquietud de las clases dominantes sobre la diferenciación racial. Cierta izquierda académica retomó la idea al definir lo étnico para añadir características culturales o de presencia territorial al color de la piel.
El censo del 2017 resucitó la política racial, abandonada desde 1940, en tiempos de la vieja oligarquía. Se reintrodujo entonces una serie de categorías para que la gente se considerase blanca, afroperuana, indígena o mestiza, sin ninguna seriedad en las definiciones pedidas. Además, se incluyeron subcategorías, como en el caso de los “afros”, subdivididos en negros, mulatos y zambos, pero no en cuarterones, quinterones, saltopatrás ni sacalaguas.
En líneas generales, el resultado del 2017 dio 60 % de mestizos, 26 % de indígenas, 5 % de blancos y 4 % de afroperuanos. Como se ve, sobra un 5 %, inclasificable al parecer.
Desde entonces, los etnorracistas creen que poseen la razón. A su juicio, el paso siguiente consiste en dar representaciones políticas. Así lo plantean ahora el gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre como parte de su proyecto de Asamblea Constituyente.
Además de la representación de partidos e independientes, que examinaremos luego, el proyecto establece que, de los 130 escaños, 26 % sea ocupado por indígenas, y 4 % por afroperuanos. A estas categorías les corresponderían 33,8 y 5,2 curules, respectivamente.
El Estado reconoce 55 pueblos indígenas, de los cuales, 84 % se consideran quechuas, y 4 % aimaras. Tendrían entonces unos 28 sitios los primeros y quizás dos los segundos. Quedarían menos de cuatro para repartirse entre 53 pueblos originarios. En el caso de los afros, tendrían 5,2 escaños. Como toda distribución debe ser paritaria, les tocaría 2,6 a cada sexo, si es que por allí no hay algún bisexual que reclame su sitio.
PORCENTAJES DISPARATADOS
Supongamos que, tras aplicar la extraña tabla de multiplicar del Palacio, esa de “70 x 3 igual a 221”, logran por fin acomodar todos los colores de piel paritariamente en los escaños, incluso amontonando a los pueblos indígenas uno sobre otro en una promiscua mezcla; en todo caso, quedan varias dudas.
Hace rato que los quechuas no andan perdidos en las montañas, sino concentrados en grandes ciudades de la costa, como Lima, Ica, Arequipa y Tacna, entre otras. Igual ocurre con los aimaras.
Lo mismo sucede con los afros, que, aunque menos, uno los encuentra en todos lados. La gran pregunta que cualquiera se hace es: “¿Por qué, por mi color de piel o por mi idioma, debo y votar igual que otro que tenga una nariz parecida o hable mi lengua?”. ¿Por qué un mulato de La Victoria pensaría políticamente lo mismo que su vecino de Mendocita o de cualquier otro barrio?
Por culpa del mismo esquema racista, nadie entiende por qué la gran mayoría de mestizos o el 5 % de blancos carecen de representación.
En cuanto al 40 % que ocuparían los partidos políticos, la propuesta resulta inconsistente en un país donde aparecen y desaparecen de una elección a otra. Si pretenden que la correlación sea la del Congreso actual, van perdidos porque en pocos meses acumulan un 86 % de rechazo. Ya no representan a nadie. Hay decenas tratando de inscribirse, y solo en las regiones existen más de un centenar.
Un dato peculiar es que, cuando se pregunta por la lengua materna, 85 % afirma que es el español, mientras que 15 % apunta el quechua, y medio centenar de otras lenguas. Quiere decirse que una buena cantidad de los que se autoclasificaron como quechuas, son mayormente mestizos. La observación empírica señala que el 99 % o más de los peruanos habla español.
Otra representación inviable es la de los independientes. El gobierno pretende que 39 curules vayan a personas que no militan en partidos, con lo cual miles o millones podrían inscribirse sin ningún requisito más que la mayoría de edad, salvo que el razonamiento de los gobernantes los impulse a organizarse en partidos de no partidarizados.
LEY DEL POPULACHO
El tema de la Constitución resulta demasiado serio para dejarlo en manos de la kakistocracia palaciega. La Constitución que impuso la dictadura de Alberto Fujimori mediante un fraude, necesita reformarse en un aspecto clave, que permita superar el concepto privatista del estado subsidiario, contradictorio con la noción de Estado social y democrático de derecho, establecida en el mismo texto.
Desde la recuperación de la democracia se introdujeron una treintena de reformas en el espíritu de la Carta de 1979. El problema de fondo deviene de que Castillo, Perú Libre, Sendero-Movadef y otros aliados menores encarnan lo que Arendt llamaba el populacho en el poder, residuos de clases sociales que no creen en el Estado de derecho, que, en el caso peruano, resultan de las economías informales y delictivas.
Cicerón afirmaba que la sociedad civilizada se organizaba sobre el "consensus iuris", sobre las normas que garantizan la convivencia pacífica entre ciudadanos. Eso era el “populus” romano. Por fuera, la plebe mal educada sobrevivía por instintos y necesidades básicas. En la sociedad democrática contemporánea, los derechos humanos universales sustentan la institucionalidad estatal y la convivencia social, criterio básico que el gobierno peruano rechaza por completo.
