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Jueza se acoge al término para dictar sentencia en caso Blue Apple

Jueza se acoge al término para dictar sentencia en caso Blue Apple
Baloisa Marquínez Morán, jueza segunda liquidadoraTomada del Órgano Judicial

La jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales de Panamá, Baloisa Marquínez, se acogió al término para dictar sentencia para los 19 imputados en la trama de corrupción conocida como Blue Apple. Además, deberá decidir sobre tres incidencias que se presentaron durante el desarrollo del juicio: dos prescripción de causa penal y una nulidad.

En una jornada titánica, ayer los abogados defensores concluyeron los alegatos a las 6:40 p.m. Minutos seguido, el fiscal superior Anticorrupción, Aurelio Vásquez sustentó su oposición a los tres incidentes que fueron presentados por la defensa particular de Juan Girón Samaniego y César Jaramillo y de la abogada defensora pública, Rosario Brandao, quien solicitó nulidad de la investigación para su defendido Manuel Ruiz.

Arturo González Baso representante legal de Melina Cano fue el primero en intervenir en el décimo y último día de la audiencia del caso Blue Apple.

González Baso en sus alegatos aseguró que Cano fue relacionada con el caso por ser funcionaria del Ministerio de Obras Públicas y por supuestamente participar en un entramado societario para ocultar productos de delitos de corrupción.

El abogado sostiene que todas las acusaciones contra Cano no se pudieron probar por la Fiscalía Anticorrupción y que cuando se realizaron las tramitaciones para la adquisición de unas turbinas para proyecto del Estado, su defendida “no trabajaba en el MOP”.

El abogado sostuvo que ella laboró en el Ministerio hasta el 31 de agosto de 2014, pero las transacciones para adquirir las turbinas se dieron en noviembre del mismo año.

Cano fue asistente del entonces ministro de Obras Públicas, José Federico Suárez, quien forma parte del proceso por quien la Fiscalía pide ser condenado por el delito de lavado de dinero.

William Parodi, abogado de Luis Alberto Arias, fue el segundo en sustentar su alegato ayer y cuestionó a la Fiscalía por la forma en que se manejó la investigación porque, a su juicio, beneficiar a una persona porque no se interesó en investigar otras empresas que recibieron fondos de Blue Apple, como el caso de la sociedad Power Express que recibió la suma de $2.2 millones.

La jueza Baloisa le permitió a Luis Alberto Arias hablar en el juicio. “No es fácil ventilar públicamente la conducta ilegal de mi hermano, pero es más aún difícil una responsabilidad que no me compete”, se defendió.

En su intervención reconoció la labor de los fiscales de Blue Apple; sin embargo, resaltó que han obviado seguir investigando, por razones inexplicables, la adecuada trazabilidad de los fondos sujetos de la investigación, pese a que tenían identificadas las sociedades beneficiarias finales.

Agregó que “a pesar de las pruebas presentadas, sigo enfrentando un proceso por decisiones que no tomé, fondos que no manejé y no me beneficié, y con sociedades donde no tenía ninguna participación”.

El siguiente abogado en hablar fue Christian Ortega, abogado de Marcelino Martínez y Octavio Samaniego, quienes viven en Boca la Caja. Por el primer defendido, la fiscalía no está pidiendo condena.

“Mi cliente (Octavio Samaniego) fue una persona manejable a quien se le daban instrucciones y que fue enredado por quienes realmente crearon el esquema de lavado de dinero y sorprendido en su buena fe”, manifestó el abogado Ortega.

Por su parte, en los alegatos a favor de George Moreno, la defensa aseguró que el Ministerio Público no tenía relación con Nightmare Overseas Ltd, quien mantenía relación con la sociedad y conocía la procedencia de los fondos que eran de Jorge Espino. Adicional que la forma de pago fue por medio de cheque certificado, eso no permitía conocer el nombre de qué cuenta se disponían los fondos.

La defensa pública de Manuel Ruiz, Rosario Brandao, solicitó nulidad de la investigación para su defendido. En tanto, para César Jaramillo desde su defensa el abogado Alfredo Vallarino la prescripción del delito.

Este proceso penal, que consta de 371 tomos, tuvo su génesis con la investigación iniciada el 30 de octubre de 2017.